El SISTEMA HA FALLADO EN LA PROTECCION

EL  SISTEMA HA FALLADO?

Se reclama más  formación en Violencia de Género  y  unos  medios físicos adecuados,  como parte de la solución.

El sistema ha fallado nuevamente.  Cierra el mes de septiembre “negro”,  en materia de violencia de género, con un número espeluznante de 41 mujeres asesinadas; las estadísticas también arrojan, desde el 2013, un número de 27 menores víctimas asesinadas por sus padres, y otros niños huérfanos,   resultado de una sociedad machista.  De esas mujeres víctimas, más de la mitad habían denunciado los maltratos. 

En esta publicación, quiero hacer una corta explicación, en 5 puntos, que ayudarán a entender esta afirmación:

1.   Para empezar, no me atrevo a atribuirle toda la responsabilidad al sistema judicial, por el contrario, me arriesgo a afirmar que han fallado en todos los ordenes, desde el mismo Ministerio Fiscal, como de las administraciones y servicios implicados y que hacen parte de un “sistema” global y multidisciplinar.  Una vez más tendríamos que ser conscientes que,  a pesar de que se haya denunciado oportunamente y se haya abierto un proceso,  esto no ha sido suficiente.    

 Los Jueces resuelven conforme a las pruebas que obran en las diligencias previas y, en ocasiones,  estas no llegan a dar sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por las agresiones o sobre el presunto autor del mismo, conllevando el archivo de las diligencias;  en muchos  otros casos abiertos, estos quedan a la espera de un informe de los expertos o de los servicios sanitarios, sobre unas posibles lesiones o de un posible maltrato psicológico, que en cada caso deba emitirse,  por  los servicios sociales o los servicios especializados.  En otros casos,  los protocolos que se activan por los cuerpos de seguridad  no se cumplimentan con la profesionalidad necesaria, o  los parámetros que se les da para iniciar un procedimiento,  quedan insuficientes por la categoría asignada a los hechos y no alcanzan a la  voz de alarma.

2.  También se perciben, constantes fallas en el sistema informático o de los medios materiales destinados para la función policial  o judicial,  o porque los funcionarios no han recibido la formación necesaria para hacer de estos medios unas herramientas más efectivas y eficaces, afectando directamente a la  coordinación (necesaria en este tipo de delitos de violencia de género), y a la actualización de la información policial (como por ejemplo, en antecedentes penales), obstruyendo el trabajo en colaboración con todos los órganos judiciales y policiales.  Los primeros, deben ordenar las medidas de protección, pero los segundos, son los que tienen la función de  ejecutar con carácter de urgente cualquier medida cautelar que se haya decretado; por lo que un procedimiento inadecuado frente al presunto agresor, o la falta de una reseña policial actualizada, de una medida de protección o de una medida cautelar que se haya ordenado en un caso en concreto, propicia el que pueda escaparse del control judicial y de la coordinación y supervisión del Ministerio Fiscal.

3.    Reiterando, en que la falta de pruebas suficientes con relación al maltrato o signos de violencia, ocasiona que muchas causas tengan que archivarse provisionalmente por el Juez que conoce del caso, es de vital importancia esa valoración inicial que se hace por la policía con relación a unos rangos predeterminados,  que en ocasiones no ayudan a avanzar por parte del juez competente y  no son suficientes. La calidad de “víctima” con relación a los hechos presentados, es relevante, y sí no es fehaciente dejaría a la deriva un procedimiento sin los protocolos pertinentes, por no considerarse inicialmente como un caso de Violencia de Género, como ha sucedido en los últimos asesinatos reportados; o como en otros, que a pesar de existir una orden de alejamiento,  ésta no se cumple a cabalidad por el presunto maltratador.

Frente a esta falta de dureza de las medidas cautelares, que se les da la categoría de urgentes, y en las carencias señaladas sobre los medios para el control policial, en coordinación y colaboración con cada una de las piezas del sistema, cada día que pasa se cobran más víctimas, y ya no sólo de las mujeres maltratadas, sino también de los menores que son parte de ese mismo ámbito familiar.

En la publicación anterior, he explicado en qué consisten las medidas urgentes, dictadas por el Gobierno (las que han levantado  reacciones  contrapuestas, con argumentos y fundamentos  que desde el punto de vista jurídico serían o no válidos), pero medidas que tienen como finalidad agilizar los procesos y permitir que se solucione, en gran parte,  el cuello de botella que ha generado la aplicación de la Ley de Violencia de Género,  desde su aprobación.  Su impugnación no solucionaría la dificultad de la situación, por el contrario, retrasaría más el avance en esta materia.

4.  La falta de más formación,  de todas las autoridades competentes, para garantizar las actuaciones en la prevención, asistencia y persecución en los actos de violencia, empezando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, articulando protocolos de actuación que determinan los procedimientos, avanzando con el Ministerio Fiscal,  hasta llegar a los Jueces, para que se puedan especializar en esta materia, buscando una actualización permanente o el reciclaje en formación específica; solo así,  se podría lograr adecuar las decisiones judiciales a la realidad social del momento.  
 Quiere decir, que pueden atribuirse fallas en todo el sistema, que inicia como vimos, en los órganos policiales, continuando en fiscalías y Jueces de Violencia de Género o de Instrucción que tengan esa competencia específica, así como por parte de los diferentes órganos administrativos que auxilian en el procedimiento judicial.

5.   No quiero pasar por alto, la responsabilidad que también recae en todos los estamentos de la Administración General, encargados de llevar a efecto los planes de sensibilización y prevención, tanto nacionales, como autonómicos y regionales.  Estos también,  deben y pueden llegar más allá y no quedarse en simples talleres de sensibilización, sino optar por ser más operativos, detectar las causas y ocuparse de estas para poder erradicarlas con propuestas y acciones.  Esto incluye al sector educativo, que tiene asignado un papel muy importante en esta materia de prevención, para la formación en el respeto de los derechos y libertades y la igualdad entre hombres y mujeres; tendrían que estar cumpliendo con su función, tanto las administraciones educativas, como los Consejos escolares y las Inspecciones educativas.

Conclusión:

Como parte de esta sociedad, reconozcamos nuestra obligación de hacer algo (todos tendríamos que actuar de una u otra forma), porque es una responsabilidad social;  recordemos entonces, que cualquier persona puede denunciar un hecho del que se vislumbre machismo, maltrato, acoso, agresión (tanto física como psicológica); No obstante, este no es un llamado desalentador, sino por el contrario, frente a las imperfecciones del sistema, hay que mantener la esperanza en la justicia y seguir denunciando.

 Conforme a las últimas declaraciones públicas de algunos organismos competentes, se irán a tomar los correctivos,  para hacer una codificación inicial, tanto de la presunta víctima como de los hechos, diferente a la que se venía haciendo; estos errores hasta ahora son percibidos por la opinion pública a raíz del saldo de víctimas que hoy se le atribuyen al sistema; sinembargo, esto es sin duda,  un punto positivo dentro del resultado negativo, sin olvidar que sería más conveniente, anticiparnos a la violencia, NO ESPERAR, a que esos actos violentos desencadenen en una tragedia social.

 El mensaje, a pesar de las fallas en el Sistema Judicial y de la Administración General, es de no decaer en el intento, y “ante  la primer señal de alarma, denunciemos”.

gamboaldany@hotmail.com

octubre 4 de 2018.